Jornada escolar y equidad

Berta Ibáñez Beroiz

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha dejado en manos de los centros educativos la elección del tipo de jornada que quieren para sus centros, continua o partida. En lugar de tomar una decisión informada, sosegada, basada en la evidencia o en la opinión de expertos, ha considerado que era mejor pasar la patata caliente a las familias, generando controversia y enfrentamiento, para nada necesarios en nuestra sociedad ya de por sí polarizada. La actuación del Departamento de Educación ha sido, cuanto menos, irresponsable. Cuando nuestros dirigentes aceptan sus puestos, aceptan que hay temas de calado en los que van a tener que mojarse, por el beneficio de la sociedad, incluso en asuntos que pueden no tener el apoyo de todos los agentes involucrados, incluso a riesgo de perder votos. Y el tema de los horarios de los colegios es de calado, por la repercusión que tiene en el día a día de las familias y en la salud de los niños. Y de la misma forma que cuando aprobaron la ley antitabaco de 2011 no preguntaron a los dueños de cada bar si permitían fumar o no porque priorizaron la salud de la población, esta vez deberían haber hecho lo mismo: decidir vía orden foral sin temer la reacción de trabajadores y sindicatos, porque por encima de todo está la salud de los más pequeños y nuestros retos como sociedad.  

El cambio de jornada, de la partida a la continua, tiene un impacto tremendo a todos los niveles. Su repercusión en algunas cuestiones de gran envergadura, como las desigualdades sociales, no deja lugar a duda: la jornada partida facilita la igualdad de oportunidades entre el alumnado, además de una mayor equidad. La OCDE emitió un informe este verano que instaba a España a eliminar la jornada continua, por aumentar las desigualdades sociales y la tasa de abandono escolar. ¿Está el gobierno en posición de ignorar estos informes? Se me ocurren al menos tres consecuencias relacionadas con esta implicación, que todavía se agrava más al dejar que los colegios decidan, al generar desigualdad no sólo intra-centro sino también entre-centros. La primera es que, en los colegios que instauren la jornada continua, crecerán las desigualdades entre los niños más y menos favorecidos económicamente, al no contar estos últimos con el apoyo exterior de los primeros, ya sea en formato de extra-escolares o en tiempo de los padres para darles apoyo. La segunda es que crecerá la desigualdad entre los colegios públicos y los concertados. Y es que pocos son los colegios concertados que realizarán la votación, por lo que los alumnos de los colegios públicos recibirán menos horas de clase y más concentradas, en detrimento de la escuela pública. La tercera es que nos alejará, como sociedad, de la promoción de ciudades saludables. Y es que, hasta ahora, los defensores de la escuela pública sólo teníamos que identificar el colegio público más cercano a casa y hacer la matrícula. Ahora tendremos que tener en cuenta además el tipo de jornada que éste oferta, y si no es el que nos gusta, elegiremos otro que no va a estar tan cerca, con el consiguiente madrugón extra que reduce la calidad de vida de los niños, dificultando el ejercicio físico matinal, aumentando los niveles de estrés y obligando a la ciudadanía a tragar más humo del que correspondería.  Sabiendo que la calidad de vida y los índices de salud de una región dependen sobre todo del grado de desigualdad social, ¿de verdad queremos una mayor desigualdad implementando la jornada continua? ¿de verdad se puede dejar en manos de los colegios esta decisión? Está bien dar voz a los ciudadanos para algunas cuestiones, al estilo nórdico, pero en aquellas en las que la salud está en juego, y hay evidencias, al gobierno le tocaba mojarse. Además, no hubieran sido los únicos. Tenemos ejemplos cercanos, como el caso del Gobierno Vasco, que mantiene la jornada partida en todos los colegios públicos y concertados y no pretende cambiarla, porque funciona y los mantiene a la cabeza tanto en resultados académicos como en calidad de vida. Ojalá esta vez, aunque nuestro gobierno no haya estado a la altura, por miedo o comodidad (o las dos cosas), la sociedad sí lo está y escucha a los expertos antes de tomar la decisión.

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